Este trabajo examina la estructura normativa de la justicia tributaria, centrando su análisis en el principio de no confiscatoriedad, establecido en el artículo 31.1 de la Constitución Española de 1978. Este principio se presenta como esencial para la construcción de relaciones equilibradas entre los ciudadanos y la Hacienda Pública, garantizando que los tributos no sean confiscatorios. Además, se destaca su relevancia jurídica en un contexto globalizado, donde las desigualdades y la reducción de la capacidad de actuación estatal plantean nuevos desafíos para el sistema tributario.